Ley de financiamiento universitario
El vicerrector de la UBA le exigió al Gobierno usar fondos de un organismo sin edificio ni empleados para financiar las universidades
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, reclamó al Gobierno que reasigne parte de los recursos previstos en el Presupuesto 2027 para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El planteo se centró en los fondos destinados a la “Jurisdicción 91”, la mayor partida del proyecto, con más de $14 billones, pese a que no cuenta con edificio ni empleados.
El dirigente universitario publicó su reclamo en la red social X. Allí afirmó que el proyecto oficial contiene los $3 billones necesarios para aplicar la norma en su totalidad y sostuvo que la falta de ejecución responde a una decisión política. “El Gobierno tiene en el Presupuesto 2027 los $3 billones necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario en su totalidad. Queda claro que no aplicar la ley es una decisión política”, escribió Yacobitti.
Según expresó, esos recursos pueden salir de la “Jurisdicción 91″, denominada “Obligaciones a cargo del Tesoro”, y del “Programa 99″, “Otras Asistencias Financieras”. En su publicación, indicó que esas líneas prevén $14,8 billones y $7,7 billones, respectivamente.
“Jurisdicción 91″
La Jurisdicción 91 aparece en las planillas del Presupuesto 2027 bajo el nombre Obligaciones a cargo del Tesoro. Se trata de una estructura presupuestaria que depende de la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Carlos Guberman.
Cómo se maneja
Cerca de la mitad de los recursos de la “Jurisdicción 91″ corresponde a transferencias destinadas a cubrir déficits de empresas públicas. Entre las compañías que figuran dentro de ese esquema aparecen Ferrocarriles, Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), EducAr y Correo Argentino.
Cada una de esas entidades se vincula con una cartera o un área específica de la administración pública. Ferrocarriles se relaciona con Transporte; Enarsa, con Energía; y EducAr, con Educación. Sin embargo, los créditos no quedan necesariamente registrados en las reparticiones que siguen de cerca la actividad de esas empresas.