Ley de Financiamiento universitario
La Justicia habilitó una nueva apelación del Gobierno. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó revisar una decisión que mantiene abierta la ejecución de la cautelar sobre salarios docentes y becas.
La disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó una apelación presentada por el Gobierno de Javier Milei para cuestionar la continuidad de la ejecución de una medida cautelar que exige actualizar los salarios del personal docente y no docente y garantizar los fondos para las becas estudiantiles.
El recurso apunta a una decisión del juez Martín Cormick, quien había dispuesto que continuara el trámite para exigir el cumplimiento de la cautelar. Tras el rechazo inicial de la apelación, el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación acudieron a la Cámara, que aceptó revisar la cuestión.
El Gobierno sostiene que ya cumplió con las obligaciones establecidas por la medida judicial y argumenta que su vigencia estaba sujeta a un plazo que, según su interpretación, ya venció. Por ese motivo, cuestiona que siga abierto el procedimiento de ejecución y advierte sobre la posibilidad de que se apliquen sanciones económicas. Sin embargo, la resolución de la Cámara no anuló la cautelar ni determinó que el Estado esté eximido de cumplirla. Los jueces aclararon que habilitar la apelación no implica tomar posición sobre si la orden fue cumplida o no. El planteo deberá seguir su curso judicial.
Las multas a Diego Santilli, suspendidas
La decisión se suma a otro fallo del 15 de octubre, cuando la misma Sala III habilitó una apelación del Gobierno contra las multas diarias de $100.000 impuestas al jefe de Gabinete, Diego Santilli. En ese caso, la Cámara dispuso que el recurso se tramitara con efecto suspensivo, por lo que las sanciones quedaron provisoriamente en pausa.
La causa se originó a partir de una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional contra el decreto 759/2025, que había condicionado la aplicación de la ley a que el Congreso identificara las fuentes de financiamiento. El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional esa condición y ordenó aplicar la norma, una decisión que el Ejecutivo también apeló.