La ONU advirtió que la revisión de la condena a Cristina Kirchner podría demorar años
Actualmente, Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en su departamento del barrio porteño de Constitución.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aclaró que todavía no resolvió si admitirá las presentaciones de Cristina Kirchner para revisar su condena en la causa Vialidad. Además, advirtió que el proceso no tendrá una resolución inmediata y que la decisión “podría llevar años”.
El organismo internacional recibió los planteos de la defensa de la expresidenta, que incluyen pedidos para suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y revisar las condiciones de su prisión domiciliaria. Sin embargo, los expertos independientes que integran el Comité señalaron que aún deben evaluar si corresponde analizar el caso.
Ante una consulta de la agencia EFE, el organismo explicó: “Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años. Una decisión sobre el caso no es inminente”.
Los abogados de la exmandataria, Javier Borrego, Carlos Beraldi y Rafael Valim, presentaron tres solicitudes cautelares. Además de reclamar la suspensión de la inhabilitación y la revisión de las condiciones de detención, pidieron la recomposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que es “imposible que funcione con tres miembros”.
La expresidenta anunció en julio que recurriría al Comité, encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aunque sus resoluciones no son vinculantes, la Argentina integra ese acuerdo desde su ratificación en 1986.
El organismo está compuesto por 18 expertos y actualmente es presidido por el surcoreano Changrok Soh. Antes de evaluar una denuncia, debe determinar si cumple con los requisitos formales. Entre ellos, figura el agotamiento de las instancias judiciales nacionales, aunque existen excepciones, por ejemplo, cuando el proceso interno se prolonga de manera indebida.